La modificación del artículo 15 de la Ley N° 30464, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, posibilita que las víctimas de violencia puedan efectuar denuncias a través de medios electrónicos, aplicaciones de mensajería instantánea o cualquier otro medio tecnológico; así lo dispone la Ley N° 31156 aprobada por el Congreso de la República y promulgada por el Poder Ejecutivo.

Cabe recordar que en el mes de abril del año 2020, se aprobó el Decreto Legislativo N° 1470, Decreto Legislativo que establece medidas para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19, que entre otras medidas, garantizaba la continuidad de los servicios conforme a las disposiciones de la Ley N° 30364; disponiendo la elaboración y aprobación de planes de contingencia, habilitando canales de comunicación (correos electrónicos, teléfonos, celulares o cualquier otro donde quede constancia de la recepción de la comunicación) durante dicho periodo.

De esta forma, se aprueba que las denuncias pueden ser presentadas no sólo de manera escrita o verbal, sino también a través de canales virtuales.

Conforme lo dispone la Ley N° 30364, las denuncias por violencia de género contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar pueden ser presentadas por la persona perjudicada o por cualquier persona, sin necesidad de tener su representación, y también lo puede hacer la Defensoría del Pueblo. Asimismo, los/as profesionales de la salud y educación deben denunciar los casos de violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar que conozcan en el desempeño de su actividad.

Para la presentación de las denuncias, no es necesario contar con resultados de exámenes físicos, psicológicos, pericias de cualquier naturaleza o mostrar huellas visibles de violencia. Si la víctima o denunciante cuenta con documentos que sirvan como medios probatorios, estos se reciben e incluyen en el informe de la Policía Nacional del Perú, del Ministerio Público o en el expediente del Poder Judicial. Tampoco se requiere firma de abogado, pago de tasas, o alguna otra formalidad.

La Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, define la violencia contra las mujeres como “cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el privado”, y la violencia contra los integrantes del grupo familiar como “cualquier acción o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte de un integrante a otro del grupo familiar”.

El Ministerio de Salud aprobó la Directiva sanitaria para la atención en los servicios de salud sexual y reproductiva durante la pandemia por la Covid-19 (Directiva N°131-MINSA/2021/DGIESP), con el fin de contribuir a disminuir la morbilidad y mortalidad materna.

La norma establece medidas técnicas, administrativas y procedimientos que garantizan el ejercicio de derechos, la prevención de la violencia, así como la atención integral a las gestantes y usuarios/as de planificación familiar en los servicios de salud reproductiva en el contexto de emergencia sanitaria nacional.

Con relación a las gestantes dispone la atención oportuna del parto y puerperio, con la debida protección de riesgos de contagio del Covid-19. Incluye visitas domiciliarias complementarias a las presenciales especialmente en casos de alto riesgo, señalando el Tamizaje de Violencia basado en género entre las atenciones prenatales presenciales a brindarse en el contexto COVID.

En zonas de difícil acceso a servicios de salud, dispone la implementación de casas maternas para la atención del parto institucional o de complicaciones obstétricas. La creación de estas casas maternas está a cargo de las Direcciones Regionales de Salud en coordinación con los gobiernos locales, quienes son responsables de su sostenibilidad.

En atención a la salud sexual y reproductiva, prioriza el servicio de teleconsulta, telecomunicación y telemonitoreo. Considera la elaboración de un padrón nominal de mujeres en edad fértil que incluye número de teléfono de la usuaria, para la programación de citas y monitoreo correspondiente.

En casos de violación sexual, asegura la continuidad de la atención integral a través del sistema de referencia y contrareferencia, el trabajo en red con los establecimientos involucrados en la atención de estos casos. Igualmente garantiza la entrega de kit de emergencia y la continuidad en la atención de la víctima.

La norma es de aplicación obligatoria en todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) públicas y mixtas, Ministerio de Salud, Gobiernos Regionales, Seguro Social de Salud (EsSalud), Sanidad de la Fuerzas Armadas y Sanidad de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, es referencia para las IPRESS privadas.

La Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública y la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud son responsables de la asistencia técnica para la aplicación de la Directiva y la supervisión de su cumplimiento.

Encuentre aquí la directiva sanitaria